Colombia en la geopolítica regional (y contra Venezuela, parte 1)

Una postura subordinada a los planes hemisféricos de los Estados Unidos

Las implicaciones en el escenario geopolítico actual, se expresan en un liderazgo por suplantar los esquemas de integración creados y abonar el terreno para la intervención en Venezuela.

Desde comienzos del siglo XXI, Colombia mantuvo una actitud en extremo inversa respecto de los Estados de la Región. Mientras la arquitectura internacional de integración buscaba ganar mayores niveles de autonomía frente a los Estados Unidos, desde Bogotá se le demostraba fidelidad y confianza en la asistencia económica y militar, así como la condescendencia a su política hemisférica. Las implicancias en el escenario geopolítico actual, se expresan en un liderazgo por suplantar los esquemas de integración creados y abonar el terreno para la intervención en Venezuela.

Colombia y Estados Unidos

Gran parte de lo que significa Colombia en la región latinoamericana y caribeña se debe a su política exterior, caracterizada por una postura subordinada a los planes hemisféricos de los Estados Unidos (EE. UU.), priorizando los asuntos militares y de seguridad en sus relaciones internacionales. Uno de los ordenadores de esta política, que mantiene consecuencias visibles en la actualidad, ha sido el Plan Colombia (renombrado Plan Paz Colombia en 2016, a finales de la administración Obama), otro rótulo de la “guerra contra las drogas” y el “terrorismo”. Análisis sucesivos apuntan a que los objetivos reales eran destruir las organizaciones político-militares de izquierda y profundizar los mecanismos de acumulación vía la extracción de recursos minero-energéticos.

A través del Plan Colombia, se ha articulado una proyección continental que combina la militarización de la sociedad, la “asistencia para el desarrollo” y la creación de una infraestructura regional al servicio de la extracción de valiosos recursos naturales. En esa línea, Colombia ha concatenado su actitud hostil con las agendas devenidas de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, y otras como el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Mérida. Del mismo modo, ha diseñado una política de Defensa y Seguridad Nacional (conocida como “Seguridad Democrática”), cuya aplicación ha generado situaciones de alta tensión tanto en las fronteras con Venezuela y Ecuador por incursiones militares en sus territorios, como en la región a través del convenio de cooperación que ponía a disposición de los EE. UU. siete bases militares colombianas. Esta trayectoria es actualmente el cheque en blanco para ser instrumento de operaciones en el marco de la crisis con Venezuela.

Mientras la región suramericana vivió un proceso creciente de integración con independencia de los Estados Unidos, Colombia desentonó, siendo además del único país con un conflicto armado, un agresor a sus vecinos y un articulador permanente de iniciativas extraoficiales a la institucionalidad internacional naciente. Mientras en la UNASUR se avanzaba en la perspectiva de articular agendas políticas y de defensa, con las que se restaban fuerzas al panamericanismo tutelado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Colombia fortalecía -mediante ONGs y fundaciones- una red de outsiders políticos de derecha que proyectaban reconfigurar el continente como área de influencia de Washington.

En mayo de 2018, Juan Manuel Santos comunicó públicamente la aprobación, por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la incorporación de Colombia como socio global, categoría que comparte con otros estados como Afganistán, Irak, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Siendo el único Estado de la región con dicho estatus, la actitud de Colombia contradice las declaraciones de la UNASUR (2008) y la CELAC (2014), que comprometen a los estados miembro a mantener la región como “zona de paz” y “libre de armas nucleares”. La incorporación fue mostrada como un logro tras sucesivos intercambios iniciados en 2013, cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó la solicitud. Entre ellos se destaca la participación de la Armada colombiana en ejercicios combinados contra la piratería en el océano Índico, como parte de la Operación Atalanta realizada en el Golfo de Aden. Si bien en lo técnico la asociación no implica ser miembro pleno del Tratado, el intercambio de información, la transferencia de experiencias, el adiestramiento de tropas y la incorporación de doctrinas de seguridad global y ciberseguridad, implican un rol hostil en un escenario de tensión en la región.

Las consecuencias de dicha asociación militar se evidencian en el rol asignado a Colombia en los ejercicios combinados recientes de la región. Algunos ejemplos son la participación en el Red Flag 2018, ejercicio de entrenamiento en combate aéreo organizado por la Fuerza Aérea de los EE. UU. (USAF) y coordinado por la OTAN; el Amazon Log 17 realizado en la triple frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú con las tres fuerzas en conjunto; y los UNITAS Pacific y UNITAS Amphib 18[10], desarrollados en el Caribe colombiano y en Río de Janeiro, respectivamente. A ello se suman un conjunto de reuniones de ministros de Defensa y jefes de las Fuerzas Armadas, con la participación de altos mandos del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), como el Almirante Kurt Tidd, ahora sucedido por Sean Buck, quien visita asiduamente Colombia.