Anatomía de los órganos electorales en América Latina

Anatomía de los órganos electorales en América Latina

Las instituciones electorales latinoamericanas estuvieron fuertemente cuestionadas durante largos periodos políticos. Un debate álgido hasta finales de los años ochenta. Luego de ello las instituciones cambiaron en algunos aspectos y los debates se han matizado, pero los problemas de fondo persisten.

La constante de estos organismos y de los procesos electorales es el dominio de los partidos ligados al poder, bajo la tutela de la figura presidencial y las mayorías parlamentarias. La particularidad y diversidad de los procesos políticos de los países latinoamericanos hacen difícil unificar la anatomía de estos organismos, aunque tienen regularidades como la baja credibilidad entre los electores.

Son instituciones muy codiciadas por los partidos o movimientos políticos con aspiraciones electorales, aunque la opinión pública no conoce de ellas. Los organismos electorales, a partir de misiones norteamericanas, europeas y de organismos multilaterales, adquirieron niveles de organización profesional, que no les blinda de responsabilidad en la reproducción de problemas considerados centrales en las democracias, como la corrupción electoral, la manipulación de datos, la falta de transparencia en los conteos electorales y la baja regulación a la financiación de los partidos y los políticos. Siendo un poder fundamental, la ciudadanía conoce poco o nada de quiénes son los consejeros, o de cómo se eligen los encargados de gestionar los procesos eleccionarios, ni cuáles son los criterios de funcionamiento.

A partir de estas problemáticas, este trabajo retoma el debate respecto de esa anatomía de los órganos del poder electoral: se trata de un acercamiento que se circunscribe a los organismos legitimados por las leyes para llevar adelante el proceso de diseño, locación, instrumentalización, certificación y conteo de los procesos electorales en la región. Las numerosas denuncias que han surgido en los últimos tiempos obligan a realizar una revisión sobre estos actores centrales del proceso democrático. Un aspecto complementario –que no es el foco de este trabajo, pero que puede ser incorporado en las conclusiones- es ver qué tipo de actuación tienen las diferentes justicias electorales frente a las denuncias sobre estos órganos, lo que muchas veces es parte del mal funcionamiento de estos.

Caracterización y clasificación de los órganos electorales

Los países latinoamericanos presentan modelos diferentes para sus organismos electorales. La competencia puede ser llevada adelante por organismos autárquicos, como en Colombia, Perú, México, Chile, o por organismos subsidiarios de un determinado ministerio o secretaría, como en Argentina, por instituciones con control de la sociedad civil o bien por la Justicia Electoral, como el caso de Brasil. Un detalle sobre los mismos permite ver la diversidad que caracteriza a la región.

Sobre el funcionamiento de los órganos electorales: aspectos políticos internos

Tal como puede observarse en los países mencionados, si bien en la mayoría de los casos siempre los órganos electorales se presentan como “neutrales” a las coyunturas políticas, es importante mencionar que buena parte está compuesta por agentes de los gobiernos de turno, sea en cuotas partidarias por representación (que a veces no se cumple) sea por cargos definidos en ciertas coyunturas, y otros modelos mixtos, donde también pueden formar parte organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se trata de organismos “políticos”, punto inicial para las controversias que puedan surgir. Hay, además, situaciones que merecen ser observadas a partir de la coyuntura histórica (de cada país) para poder comprender su actuación. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido con el TSE en Brasil en la última elección presidencial.

En ese proceso eleccionario hubo una gran cantidad de denuncias realizadas al TSE, a propósito de su propia actuación, de las que deben destacarse de dos tipos. Por un lado, las irregularidades en la confección de los padrones electorales, que dejaron a más de un millón de electores sin la posibilidad de votar por no haber realizado su revalidación biométrica a tiempo –situación que no fue ni publicitada debidamente y, en algunos casos, hasta ignorada por algunos municipios-.

Por otro lado, el TSE nunca se expidió sobre los dispositivos de plataforma informática –con sedes, incluso, fuera del Brasil- que se utilizaron para la difusión de “fake news” y otros tipos de propaganda, en abierta contravención con la legislación vigente respecto del financiamiento de las campañas electorales: los esquemas de patrocinadores de estas formas de publicidad fueron personas físicas, tal como lo anoticiaron casi todos los medios de comunicación durante la misma campaña presidencial, lo que estaba prohibido.

Este caso emblemático, porque revierte la imagen de entidad vanguardista en materia de derechos electorales sostenida por Brasil en el ámbito internacional, no es el único, tal y como se evidencia en el apartado anterior. Por distintas razones, y a razón de problemáticas particulares, las instituciones electorales están en cuestión.

De acuerdo con lo indagado, despuntan al menos cuatro problemáticas. (i) la elección de los consejeros o magistrados electorales, en su mayoría realidad por los parlamentos, permite que se mantenga una estrecha relación de los organismos electorales con los partidos políticos en el poder. Ello deriva en, al menos, dos problemas más (ii) de credibilidad de los organismos, que en algunos casos ha sido socavada como parte de tácticas de acceso al poder, y otras por estrategias para mantenerse. Otra problemática muy ligada a la anterior tiene que ver con (iii) la transparencia en los procesos electorales, que incluye problemas técnicos para el conteo de votos y actos de transgresión a las leyes electorales para favorecer a determinada fuerza política. Finalmente, (iv) estos organismos, en su mayoría, cuentan con escasas facultades para sancionar los delitos electorales o proteger los resultados, lo cual les mantiene en niveles jerárquicos de inferioridad ante los partidos políticos.

El poder electoral, entonces, debe ser un asunto de debate público. Requiere un proceso de elección de los consejeros o directivos de estos organismos que dé garantías de idoneidad y regulación del servicio público. Ello implica una seria discusión sobre el sistema político, la participación de minorías, la financiación de las campañas electorales, el control o no del uso de los medios de comunicación masivos y redes sociales, entre otros asuntos principales. Por ahora, con excepciones como la de Uruguay, todos los organismos electorales analizados tienen detrás problemas de fondo y de funcionamiento.

Sobre el funcionamiento de los órganos electorales: algunas cuestiones técnicas

Un aspecto no menor, y ciertamente clave, son los sistemas informáticos y la decisión estatal de entregar a empresas privadas el soporte de los procesos electorales. Como fue comentado anteriormente, para algunos países se trata de un grupo relativamente pequeño de empresas que, pese a las denuncias reiteradas, siguen siendo consideradas en las licitaciones. Las empresas privadas seleccionadas para transmitir o contar los votos no tienen estándares de calidad validados en un espacio de credibilidad internacional, con actores de la academia y de instituciones que garanticen las bondades de todo el proceso, aunque, en algunos países, se pueden observar interesantes experiencias.

La credibilidad sobre los procesos electorales en América Latina es baja, como lo indican, en general, los índices de abstención y diversos estudios de opinión. Y las dudas sobre la participación de las empresas transnacionales tecnológicas en los procesos electorales generan grandes preocupaciones por el manejo de los datos de los ciudadanos electores, ampliando las dudas sobre la calidad del sistema de protección al voto, con sistemas informáticos que pueden ser permeables al robo y hackeo de datos.

Dicho asunto se complica cuando se analizan las trayectorias y conexiones de las empresas que prestan los servicios informáticos. Al problema de la credibilidad de los integrantes de los órganos eleccionarios se suma el de los procesos tecnológicos que apoyan el proceso electoral. Son pocas las empresas que prestan dichos servicios: Indra Sistemas-SA, una empresa de capital español que tiene innumerables escándalos a cuestas, entre ellos, su participación en las elecciones de Brasil y su intento reciente por tomar el contrato tecnológico de las elecciones en Argentina. Scytl Secure Electronic Voting, S.A., estuvo en Ecuador y México, y continúa vendiendo software a distintas entidades, siendo una empresa de capital transnacional, con asiento en los EE. UU. La otra empresa conocida, SmartMatic, que inicialmente era de propiedad mixta de capital venezolano, en 2014 se fusionó con la británica SGO group

Poco o nada se sabe sobre los criterios de los órganos electorales para definir el proceso tecnológico de los comicios. Un tema que debería estar en manos de los proyectos científicos nacionales, con capacidades propias para la verificación y supervisión, está en manos de desarrollos informáticos externos.

La formación y las orientaciones externas de los órganos electorales

Es importante tener en cuenta, respecto de los organismos que tienen competencia sobre las elecciones –en los países mencionados y en buena parte de los restantes de América Latina-, la influencia que ejercen organismos de la “sociedad civil” e instituciones supranacionales (o directamente determinados think-tanks). Quizás puedan distinguirse casos emblemáticos para estas “injerencias”, como el de las Misiones de Observación Electoral de la OEA, y, la gravitante presencia de la USAID en todos los procesos de asistencia para el desarrollo que pueden constatarse en Perú, Colombia, México, entre otros países de la región, y del mundo.

Hay muchas formas en que puede plantearse esta presencia externa: no sólo financiando la formación de aquellos recursos burocráticos encargados de la gestión de los procesos electorales, sino también generando “atmósferas sociales” sobre la validez de los resultados (sobre todo cuando el responsable final es un gobierno progresista). La influencia de ciertos think tanks de origen norteamericano tampoco debe ser subestimado para esta función.

¿Cómo se implementa la asistencia internacional en los órganos electorales? Según documentos de la agencia para el desarrollo de los EE. UU., USAID, se desarrolla a través de diversos centros de investigación, de ONGs, y de instituciones multilaterales, como la OEA. Se trata de proyectos de capacitación para directivos y líderes de los organismos electorales, asesoría para la modificación de leyes y de reforma a la justicia electoral, o apoyos focalizados en municipios, como en Colombia, para el desarrollo de la “gobernanza”.

La asistencia para el desarrollo y la formación para la democracia y la gobernanza desarrolladas por estas instituciones extranjeras hacia países latinoamericanos tienen, al menos, el sesgo de estar concebidas sobre la base de criterios que pretenden ser superlativos a las instancias nacionales. De ahí la idea instalada por la OEA como entidad superior de certificación de calidad de los procesos electorales. Los sistemas de validación de la calidad del proceso, de su transparencia e idoneidad, terminan en manos de los centros especializados en la materia, como el Centro Carter, o think tanks, como el Instituto Democrático para la asistencia Electoral (IDEA, con sede en Suecia), o las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la OEA.

Algunas conclusiones

Los órganos electorales tienen una anatomía que expresa el propio sistema político. En ellos trascienden los debates y tensiones de la política, al ser los encargados de administrar, nada más y nada menos, que los mecanismos de reproducción del poder en la democracia, mediados por las elecciones.

En la ofensiva conservadora desatada en toda la región fueron interpelados los órganos electorales en los países con gobiernos progresistas, acusándoles de imparcialidad o falta de transparencia. Pero, como queda demostrado, el problema de los órganos electorales no está resuelto en ninguno de los países y no es parámetro para definir la calidad democrática de éstos, pues es un rasero que terminaría indicando que la región, casi sin excepción, tiene problemas serios en materia de credibilidad electoral.

En el mismo sentido, esa ofensiva “impugnadora”, en el fondo descree de la propia democracia; no es casualidad que las derechas también recurran a formas no democráticas para llegar al Gobierno, como los golpes parlamentarios o la negación internacional a gobiernos elegidos. La derecha va avanzando en el control de los procesos electorales, de las diversas formas descriptas. A modo de idea sintetizadora podría preguntarse: ¿las únicas elecciones válidas son las realizadas por la derecha?

Por ello, es preciso seguir navegando, más a fondo, en la anatomía de los órganos electorales. Diseccionar las problemáticas descriptas para encontrar medidas eficaces y democráticas para encarar de fondo la administración electoral y encontrar soberanía y credibilidad en cada proceso.

Los órganos electorales, no resuelven las inconsistencias de los sistemas políticos, aunque pueden agravarlas. Por ello, es preciso abordar el debate de forma conjunta entre la elección, funcionamiento e idoneidad de los organismos electorales y, a su vez, abordar el financiamiento de las campañas, la obligatoriedad de las elecciones, la seguridad de los resultados, el acceso a los medios de comunicación y la veeduría de las minorías políticas, entre otras.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/199238