¿Tiene el Secretario de la OEA, Luis Almagro, una visión selectiva sobre los derechos humanos?

En plena campaña para su reelección como secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y celebró la manera en la que condujo la represión a las masivas manifestaciones sociales ocurridas en el país trasandino desde el 17 de octubre pasado, que forzaron el proceso de reforma constitucional. 

«Ha defendido con eficiencia el orden público», consideró Almagro sobre los operativos desplegados en todo el país, considerados violatorios de los derechos humanos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile (INDH), la ONU, Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA.

«Las circunstancias que se debieron enfrentar se enfrentaron de la mejor manera, en el marco del Estado de Derecho, aplicando el derecho y haciendo trabajar a la justicia en lo que debía trabajar, pero también aportando las soluciones políticas», describió Almagro en alusión a la actuación del gobierno de Piñera tras la reunión que mantuvo con el mandatario trasandino.

Almagro ha sido muy diligente y crítico para condenar la represión en países como Nicaragua y Venezuela.

Respaldo por un voto

El respaldo de Almagro a Piñera llega en el momento en que el presidente chileno registra niveles históricos de rechazo popular, entre el 5 y el 10 por ciento de aceptación, mientras el ex canciller uruguayo busca votos entre los países miembro de la OEA para alcanzar su reelección en el organismo regional.

La candidatura de Almagro, que no cuenta con el respaldo del gobierno de su país, es respaldada por los gobiernos de Colombia y Ecuador, alineados con la Casa Blanca en su cruzada contra Venezuela, una bandera de Almagro a lo largo de toda su gestión en el organismo multilateral.

¿Qué dijeron los organismos internacionales?

La violencia institucional encabezada por Carabineros desde el 17 de octubre del año pasado contra la población chilena está resumida en el informe del 30 de diciembre del INDH. El organismo contabilizó hasta esa fecha 980 querellas contra las fuerzas de seguridad por homicidios, intentos de homicidios, violencia sexual, torturas y lesiones cometidas.

Mientras tanto en los hospitales de todo el país se habían relevado 3580 personas heridas, entre ellas, 359 con heridas oculares y 2000 por disparos, en su mayoría por perdigones y gases lacrimógenos.

Tras las primeras denuncias, las visitas al país trasandino de distintos organismos internacionales de derechos humanos se sucedieron sin solución de continuidad, entre ellos los dependientes de la ONU y de la propia OEA, que relevaron la situación que vivían los chilenos y chilenas en las calles durante las protestas contra el sistema neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

A poco más de un mes de iniciada la revuelta, Human Rights Watch (HRW) confirmó que las fuerzas de seguridad a cargo de Piñera habían cometido «graves violaciones a los derechos humanos» y reiterados abusos en los lugares de detención. La organización exigió, entonces, una reforma de los estatutos de Carabineros.

En un tono similar, la titular de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, advirtió que los casos de violaciones de derechos humanos debían ser investigados siguiendo la responsabilidad de mando. «Ya no se trata de hechos aislados que pueden implicar una responsabilidad para la persona individual que apretó el gatillo, o que golpeó a un manifestante, o que tiró la lacrimógena, sino que apunta a una responsabilidad que debe investigarse mucho más arriba», sostuvo Piquer.

La visita de la CIDH —que no realizaba una inspección en Chile desde 1974, en plena dictadura— llegó a conclusiones similares y advirtió que «hay violaciones a los derechos humanos» y que las denuncias y los testimonios eran muy claros en ese sentido.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) , encabezada por la ex presidente chilena Michelle Bachelet, emitió su informe a mediados de diciembre, en el cual concluyó que Carabineros y el Ejército incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control y uso de la fuerza, y aseguró que se torturó a personas detenidas.